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Informe soBRE EL TRÁFICO DE PERSONAS - 2009
España
España es un país de tránsito y destino para hombres, mujeres y menores objetos
de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual comercial y trabajo
forzado. Las víctimas se trafican principalmente desde Rumanía, Rusia, Ucrania,
Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Paraguay, Venezuela, y Nigeria,
si bien algunas proceden de otras zonas de Latinoamérica, Europa oriental y
África. La mayoría de las víctimas identificadas son mujeres entre 18 y 25 años
que son objetos de la trata de seres humanos para la explotación sexual, aunque
también se trafican niñas con este mismo fin. También se trafican hombres y
mujeres para trabajo forzado, principalmente en los sectores de la agricultura y
la construcción. Ha habido un aumento en el número de menores objetos de la
trata de seres humanos hacia España para ser obligados a pedir limosna. En
números más reducidos se trafican víctimas chinas hacia España, principalmente
para trabajos forzados. Una coalición de 20 ONGs en España calcula que existen
en el país al menos 50.000 personas que son víctimas del la trata de seres
humanos. Los migrantes procedentes de Rumanía y Bulgaria son especialmente
vulnerables frente al la trata de seres humanos, y posiblemente lo son también
los menores no acompañados, si bien existen datos limitados al respecto de este
grupo.
El Gobierno de España cumple plenamente las normas mínimas para la eliminación
del la trata de seres humanos. El Gobierno reconoció la existencia de
deficiencias en el área de la protección de las víctimas y dio pasos formales
durante el período del informe para reforzar las medidas tendentes a garantizar
que se de la plena protección legal a las víctimas.
Recomendaciones
Seguir investigando y procesando enérgicamente los delitos de la trata de seres
humanos y condenar y sancionar a los culpables del mismo; hacer el seguimiento
de los procesamientos, condenas y penas cumplidas por traficantes; seguir
desarrollando directrices formales para ayudar a los funcionarios públicos a
identificar proactivamente a las víctimas entre grupos vulnerables, tales como
migrantes irregulares y mujeres que ejercen la prostitución; implantar el nuevo
mecanismo nacional de prestación de asistencia; asegurar la adecuada
financiación de programas de protección y ayuda a las víctimas; garantizar el
acceso por parte de hombres y menores a la ayuda y protección adecuada;
considerar una campaña a nivel nacional para elevar la concienciación respecto a
la trata de seres humanos con fines de explotación laboral y sexual.
Enjuiciamiento
El Gobierno ha demostrado haber realizado esfuerzos sólidos para perseguir y
sancionar a los que cometen delitos de la trata de seres humanos humano durante
el período del informe. España prohíbe todas las formas de la trata de seres
humanos a través de los artículos 313 y 318 de su Código Penal y la Ley Orgánica
11/2003, que contempla penas por la trata sexual de entre cinco y 15 años de
prisión y penas por la trata de seres humanos con fines de explotación laboral
de entre cuatro y ocho años de prisión. Estas penas son suficientemente
rigurosas, y las dispuestas para la trata de seres humanos con fines de
explotación sexual están al mismo nivel que las penas previstas para otros
delitos graves. Durante el período del informe, la policía española detuvo a 403
personas por la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y a 68
personas por trabajo forzado. En 2008, se iniciaron 135 procesos por la trata de
seres humanos – frente a los 102 iniciados en 2007 – y 107 personas fueron
condenadas por la trata de seres humanos (14 de las cuales estaban implicadas en
trabajos forzados) – frente a los 142 condenadas en 2007, con una pena media de
poco más de cuatro años de prisión. Aproximadamente el 95 por ciento fueron
condenadas a penas de un año o más de prisión, y el cinco por ciento a una multa
y/o una pena suspendida. No hubo informes de complicidad oficial relacionada con
la trata de seres humanos en España en 2008.
Protección
El Gobierno mostró esfuerzos para hacer frente a las deficiencias en la
protección de las víctimas que salieron a la luz en 2008. Durante el
desmantelamiento de una red de la trata de seres humanos con fines de
explotación sexual a gran escala entre 2007 y 2008 las autoridades detuvieron a
más de 500 posibles víctimas y expulsaron a muchas a su país de origen; no está
claro si algunas de ellas recibieron la ayuda para protección de víctimas
después de su detención. En diciembre de 2008, con el fin de mejorar las medidas
de protección de víctimas, España estableció un mecanismo formal para que las
víctimas recibieran asistencia. Si bien España está todavía desarrollando
procedimientos formales para funcionarios con el fin de identificar a posibles
víctimas entre grupos vulnerables, tales como personas implicadas en el comercio
sexual despenalizado o trabajadores migrantes, el Gobierno dio financiación a
ONGs para formar a funcionarios en toda España en materia de identificación de
víctimas y, según los informes, se identificaron a 771 víctimas de la trata de
seres humanos con fines de explotación sexual y a 133 víctimas de la trata de
seres humanos con fines de explotación laboral en el período del informe. Cinco
de las principales ONGs anti-trata en España prestaron ayuda a 1.002 víctimas en
2008. Si bien España no publicó cifras oficiales sobre las cantidades gastadas
en protección de víctimas, durante el período del informe el Gobierno aumentó
los fondos para una importante ONG anti-trata. Las víctimas tienen derecho a
ayuda médica y psicológica, incluidos servicios de urgencias, a través del
sistema nacional de salud, así como acogida temporal y protección jurídica. No
está claro si el Gobierno ofreció servicios anti-trata especializados frente a
la trata de seres humanos con fines de explotación laboral o a víctimas menores.
El Gobierno animó a las víctimas extranjeras a ayudar en la investigación y
persecución de la trata de seres humanos al ofrecer a las mismas un período de
reflexión de 30 días. El Gobierno no informó del número de víctimas a las que se
le ofreció el período de reflexión. Las víctimas de la trata pueden ser
consideradas para el establecimiento de identidades nuevas en algunos casos. La
legislación española permite que las víctimas de la trata puedan permanecer en
España si acceden a comparecer como testigo. Según la política del Gobierno,
después de la conclusión del procedimiento legal, las víctimas tienen la opción
de quedarse de forma permanente en España.
Prevención
España mantuvo los esfuerzos para prevenir la trata de seres humanos mediante la
concienciación sobre la trata de seres humanos durante el último año. El
Gobierno aprobó un Plan nacional de acción para combatir la trata de seres
humanos en diciembre de 2008 que comprometió dedicar aproximadamente 57 millones
de dólares durante los próximos cuatro años para combatir la trata mediante
represión, ayuda a las víctimas y programas de prevención de la trata de seres
humanos. El Gobierno nacional no realizó una amplia campaña de concienciación
pública anti-trata durante el período del informe, pero las ciudades de Madrid,
Barcelona y Sevilla financiaron campañas de concienciación pública locales. El
Ayuntamiento de Madrid puso vallas publicitarias de concienciación dirigidas a
los posibles clientes del comercio sexual con el eslogan “Porque tú pagas existe
la prostitución… No contribuyas a perpetuar la esclavitud del siglo XXI”. Una
ONG financiada por el gobierno ofreció un número de teléfono 24 horas para
víctimas de la trata, pero el número no era gratuito en todo el país. En 2008,
con el lema “No hay excusas”, el Gobierno español se asoció con UNICEF en un
sitio web para advertir a los viajeros españoles a no cometer delitos de turismo
sexual con menores en el extranjero. Según las fuerzas armadas españolas, las
tropas españolas reciben formación en materia de concienciación respecto a la
trata de seres humanos antes de ser desplegadas en el extranjero en misiones
internacionales de mantenimiento de la paz.
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